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El Gobierno y los operadores firman un acuerdo para garantizar la conectividad

El Gobierno ha firmado un acuerdo con las principales empresas de telecomunicaciones que operan en España con el objetivo de aumentar los esfuerzos que garanticen la conectividad y las capacidades de operación y supervisión de las redes, al mismo tiempo que la agilidad de respuesta ante posibles incidentes.

A través de una videoconferencia, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha sido la encargada de llevar a cabo la suscripción de dicho acuerdo, junto con otros consejeros.

De esta forma, las operadoras de telecomunicaciones firmantes expresan su compromiso con la sociedad en estos momentos, garantizando las garantías de mantenimiento del servicio de conectividad incluidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID- 19. 

Bases del acuerdo para garantizar la conectividad 

Según el acuerdo firmado, durante el periodo del estado de alarma las llamadas realizadas al número de atención sanitaria 061 serán gratuitas para el cliente e igualmente gratuitas en interconexión para los operadores, asumiendo cada uno de ellos sus propios costes de red. 

A través de una videoconferencia, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha sido la encargada de llevar a cabo la suscripción de dicho acuerdo, junto con otros consejeros

Además, los operadores se comprometen a desarrollar medidas especiales para ampliar, sin coste adicional para el usuario;

  • servicios asociados a los contratos de conectividad de telefonía móvil 
  • mantener activos los canales de atención a los clientes 
  • enriquecer con contenidos adicionales los paquetes audiovisuales 
  • fomento del trabajo a distancia, enseñanza a distancia y atención sanitaria remota

Al mismo tiempo que promueven el uso responsable de los servicios de comunicaciones para que no se ponga en riesgo la integridad de las redes, en particular, la aplicación de las medidas legales contra el tráfico no permitido y el tráfico irregular con fines fraudulentos en comunicaciones electrónicas. 

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